Las Estrategias de Falsos Descuentos en el Black Friday: Un riesgo Económico y Legal para las Empresas

El Black Friday, conocido por ser una de las mayores campañas comerciales del año, también se ha convertido en el foco de prácticas engañosas que pueden salir muy caras a las empresas. Según el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la monitorización intensiva de precios en estas fechas ha detectado casos de falsas rebajas, una estrategia que consiste en aumentar artificialmente el precio de un producto antes del evento para luego reducirlo al valor original, generando la ilusión de un descuento inexistente. 
Estas prácticas están reguladas por la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, cuyo Artículo 47 las califica como desleales y sancionables con multas que pueden superar los 100.000 euros, llegando incluso a cuatro o seis veces el beneficio obtenido ilícitamente.

El Ministerio, dirigido por Pablo Bustinduy, ha impuesto sanciones por un total de 90.000 euros a dos grandes operadores de comercio electrónico en 2023 y mantiene abiertos seis expedientes contra otros gigantes del sector por irregularidades similares. Durante la investigación del año pasado, más del 20% de los productos analizados presentaron irregularidades, mientras que un 60% de las empresas investigadas incurrieron en este tipo de fraudes.

Por ejemplo, un operador promocionó un móvil nuevo, rebajado en 143 euros durante el Black Friday. Sin embargo, la investigación reveló que el precio había sido incrementado días antes del evento, anulando el supuesto descuento. Este tipo de estrategias no solo son ilegales, sino que afectan la confianza del consumidor y pueden dañar seriamente la reputación de las empresas implicadas. 

Para prevenir estas prácticas, la Ley de Ordenación del Comercio Minorista exige que toda rebaja sea real y refleje el precio más bajo aplicado al producto en los últimos 30 días. Además, la Comisión Europea ha desarrollado herramientas como la Price Reduction Tool, utilizada por la Dirección General de Consumo para monitorear precios de manera diaria en productos como electrónica, cosmética, electrodomésticos y artículos deportivos.

Más allá de las sanciones legales, estas prácticas desleales representan un riesgo significativo para las empresas. La mala publicidad, la pérdida de confianza de los clientes y los posibles boicots en redes sociales pueden tener un impacto duradero en la imagen corporativa. En un mercado cada vez más competitivo, la transparencia y la ética comercial no son solo un requisito legal, sino también una ventaja estratégica para fidelizar a los consumidores.